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Distinguidos : Accountability social: nuevos mecanismos de control ciudadano.
Enviado por CIUDAD POLITICA el 28/6/2003 2:47:19 (18598 Lecturas) Artículos del mismo redactor
Distinguidos

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la Accountability social?
Por Silvina RODRIGUEZ*.
Las estrategias de accountability social en América Latina aluden a las formas de control político y el reclamo de los derechos de los ciudadanos en la modalidad de movimientos sociales, protesta legal y la exposición mediática en los medios de comunicación.
Se trata de nuevos mecanismos de responsabilidad social y rendición de cuentas en los que los gobernados verifican y fiscalizan la acción de los gobernantes.

El concepto de accountability social acuñado por Catalina SMULOVITZ y Enrique PERUZZOTTI, podría definirse como el mecanismo de control de las autoridades a través de las actividades de asociaciones de la sociedad civil, movimientos ciudadanos y medios de comunicación. Básicamente, particularizan a un conjunto heterogéneo de iniciativas por parte de los actores mencionados que demandan legalidad a las instituciones gubernamentales así como también están abocados a denunciar los actos ilegales.

Consideramos pertinente recordar los conceptos de accountability horizontal y vertical desarrollados por el politólogo argentino Guillermo O’Donnell, términos anglosajones de difícil traducción al español. La accountability horizontal tiene que ver con el control intraestatal, es decir, “...la existencia de agencias estatales que tienen autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas para emprender acciones, que van desde el control rutinario hasta sanciones legales o incluso impeachment, en relación con actos u omisiones de otros agentes o agencias del estado que pueden, en principio o presuntamente, ser calificadas como ilícitos.”1 El autor sostiene que se trata de la división de poderes –legislativo, ejecutivo y judicial- con sus checks and balances, pero también incluye los mecanismos con que cuentan las democracias contemporáneas, es decir, las agencias de supervisión, como es el caso de las auditorías, defensorías, contralorías, fiscalías y órganos afines. En cambio, el concepto de accountability vertical alude al ejercicio de las elecciones electorales, es decir, “...el hecho de que periódicamente los gobernantes deben rendir cuentas ante las urnas...”2

A continuación comentaremos las estrategias de accountability social: la institucional/ judicial, movilizacional y mediática.

En primer lugar, en lo que atañe a la estrategia institucional, Catalina Smulovitz analiza, como estudio de caso, la temática del “corralito” que forma parte, junto a otros casos, de una investigación exploratoria desarrollada por el Departamento de Ciencia política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.3

El caso del “corralito”4 se contextualiza en la reciente crisis económica y política argentina, más precisamente, se precipita durante los meses de noviembre-diciembre de 2001. El movimiento social en torno al “corralito” generó otras formas de protesta que es la movilización legal. Los ahorristas, denominados también amparistas, presentaron ante la justicia nacional más de 210.000 recursos de amparo, cuya mayoría tuvo una resolución parcialmente favorable.

La movilización legal presenta la peculiaridad de englobar una variedad de reclamos relacionados con el “corralito”. La protesta legal no sólo estuvo orientada por la violación a los derechos de propiedad en relación a la disponibilidad de los depósitos bancarios acorralados, sino que también surgieron reclamos por la inconstitucionalidad de decretos, por la oposición a la política gubernamental en la materia, así como reclamos por la inconstitucionalidad a raíz de la postergación de sentencias judiciales favorables. Esta ramificación del “corralito” en nuevas demandas judiciales es lo que le da fortaleza y persistencia al movimiento de protesta legal otorgándole un carácter serial al proceso.

Asimismo, el desarrollo del proceso de la movilización legal canalizó puntos de encuentro y eventos llevados a cabo con continuidad, que tuvieron como efecto contrarrestar la fatiga movilizacional característica de los movimientos de protesta.

La autora destaca como particularidad relevante los actores involucrados en el movimiento de la protesta legal. Una de las características de este proceso es que no es fundamental la organización pre-existente de los actores sociales. Los ahorristas presentaron recursos de amparo de manera individual.

En esta masa amorfa de ahorristas/ amparistas jugaron un papel clave dos actores centrales. Por un lado, las asociaciones de ahorristas que contribuyeron a otorgarle visibilidad pública al conflicto; y, por otro lado, las asociaciones de abogados y el Colegio Público de Abogados, que desarrolló actividades académicas vinculadas al uso del amparo y la relación del mismo con la emergencia económica, lo cual es notable dado que el recurso del amparo ya existía desde la reforma constitucional de 1994 y no se le había dado la relevancia académica que amerita la temática.

Otro de los casos que se analizan como estrategia institucional es el concepto de accountability o rendición de cuentas transversal, como prefiere denominarlo el autor Ernesto Isunza Vera.5 En México, existe el Instituto Federal Electoral (IFE), organismo autónomo encargado de organizar y controlar las elecciones, en el cual cumplen un rol novedoso los Consejos Electorales ciudadanizados. La accountability es transversal porque los ciudadanos se insertan en el estado en calidad de ciudadanos, controlando desde dentro del estado la actividad de los políticos y burócratas. Esto es lo que se conoce como el diseño IFE. Es decir, lo que distingue a la accountability transversal de los otros conceptos de accountability es que los ciudadanos participan en instituciones creadas por el estado y dirigidas a través del estado, sin perder su condición de ciudadanos, en aras de transparentar la política en cuanto al financiamiento de la misma y los partidos políticos.

En la accountability transversal se da la vinculación de los representantes y representados, y su relación aunada a las políticas públicas. Es un diseño que podría analizarse bajo el modelo del principal-agente, donde el principal son los representados, o sea, los ciudadanos, y los agentes son los políticos y/o burócratas.

En segundo lugar, en lo que respecta a las estrategias movilizacionales de accountability social es considerable el caso de los movimientos de derechos humanos en Chile, donde lo que existe es una falta de accountability social.6

Desde el proceso de democratización chilena los organismos de derechos humanos no efectuaron control alguno sobre los hechos de violencia policial. En Chile, la policía no está bajo la órbita de la autoridad civil, sino bajo la justicia militar. Se trata de una institución jerárquica, capaz de contrarrestar las críticas acerca de su accionar, lo que dificulta a los actores sociales ejercer el derecho al control de la autoridad.

A pesar de que la violencia policial y la represión continuó incrementándose luego de la transición a la democracia, los organismos de derechos humanos no responden a esta situación. Esto se vislumbra en la falta de recolección de información, en que no hay una estrategia legal concertada para responder al incremento de denuncias presentadas por los ciudadanos, y en el desinterés sobre una reforma institucional de cómo se resuelven estas disputas legales en la justicia.

Un aspecto de importancia es que los organismos de derechos humanos, desde los primeros tiempos de la transición, definieron su accionar en torno a enfatizar la violación de los derechos humanos durante el régimen militar, es decir, se concentraron en atender la deuda histórica. De esta manera, limitaron el concepto de derechos humanos al pasado, la tortura, lo que contribuyó a la imposibilidad de la extensión del concepto, haciéndolo más universal, es decir, la inclusión de nuevos derechos.

Por último, haremos hincapié en las estrategias mediáticas de accountability social.7 Este punto se refiere a visualizar a los medios de comunicación como mecanismos de control social. En este sentido, los medios pueden cumplir diversos papeles en relación a la accountability social.

En primer lugar, esta relación puede ser considerada de manera positiva, ya que la accountability social afianza las democracias contemporáneas dado que los escándalos mediáticos exteriorizan los actos ilegales gubernamentales ante la opinión pública.

En segundo lugar, los medios pueden cumplir un papel negativo con respecto a la accountability social, esto es, la utilización de los escándalos mediáticos con el objetivo de desacreditar a los opositores políticos. Este juego de política negativa deteriora la calidad del control político entre los poderes de gobierno y las agencias de control político, es decir, la vida institucional democrática, debilitando la accountability horizontal.

Y en tercer lugar, existe una posición intermedia en la relación de los medios con la accountability social. El escándalo mediático tiene un efecto al denunciar los actos ilegales y prácticas corruptas de los políticos, en tanto y en cuanto el escándalo genere respuestas institucionales, como por ejemplo, que el poder judicial o las agencias de control sancionen las conductas desviadas que han sido denunciadas. De lo contrario, el escándalo contribuirá al escepticismo y desconfianza social.
Así como la accountability horizontal presenta rasgos deficitarios en el contexto político latinoamericano, la accountability social se ha enriquecido con la participación de organizaciones de la sociedad civil en los asuntos públicos, no sólo con los actores cívicos sino también con los medios de comunicación. El periodismo de denuncia juega un rol fundamental en la accountability social, ya sea otorgándole visibilidad pública a los conflictos planteados por los movimientos sociales u organizaciones de la sociedad civil, o como actores en sí mismos, que promueven los escándalos mediáticos a raíz de sus investigaciones.

El caso del escándalo del Senado, analizado por Enrique Peruzzotti, puso en evidencia las fallas tanto en la accountability horizontal, en la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, como en la accountability vertical, en el sentido de que para la sanción de determinadas leyes se recurrió al pago de coimas, haciendo vacilar la relación representante-representado si tenemos en cuenta que el punto fuerte de la campaña de la Alianza se asentó sobre la base de transparentar la política.

El escándalo del Senado se caracteriza por haber sido impulsado por la prensa, sin ser producto del trabajo investigativo periodístico ni de denuncias proporcionadas por organizaciones sociales. Ha sido impulsado por lo que algunos autores denominan denuncismo mediático, que consiste en denunciar actos ilegales de los funcionarios políticos donde el proceso de obtención de la información está basada en rumores o en datos en off the record.

El caso del escándalo del Senado, con respecto al aporte que pueden proveer los medios a la accountability social, demuestra el alcance sumamente limitado cuando las denuncias mediáticas están basadas en filtraciones, anónimos o datos en off the record.

En conclusión, revalorizamos el papel del estado que tiene que ser fuerte, capaz de crear instituciones para que la sociedad civil canalice sus demandas. El fortalecimiento de la sociedad civil latinoamericana debe construirse sin descuidar la importancia de la política. La interrelación entre estado, sociedad civil y mercado, propia de la gobernabilidad, debe ser repensada dado el papel que cumple el mercado en la relación entre los medios de comunicación y la accountability social bajo los escándalos mediáticos. Sólo los consumidores/ ciudadanos de la sociedad de consumo de la información tienen la posibilidad de optar y ver con una mirada crítica los entretenimientos y escándalos mediáticos que les ofrece el mercado de los medios de comunicación.

Por otra parte, en consonancia con lo expuesto anteriormente, sugerimos la lectura del texto publicado en CIUDADPOLITICA: “Democracia vertical, democracia horizontal y democracia digital” cuyo autor es Gianfranco Pasquino, http://www.ciudadpolitica.com/modules/news/article.php?storyid=30


Notas:
1 O’Donnell, Guillermo: “Accountability horizontal”. En: Revista Agora, Nº 8/ Verano de 1998, p.19.
2 O’Donnell, Guillermo: “¿Democracia delegativa?”, Cap. 10. Contrapuntos, Editorial Piados, 1997, p.296.
3 Universidad Torcuato Di Tella, Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales. Conferencia “Estrategias de Accountability Social en América Latina. Acciones Legales, Medios de Comunicación y Movilización”. Buenos Aires, 10 de abril de 2003. Sitio web: http://www.utdt.edu/departamentos/politica/workshop/index.htm
4 Ver Smulovitz, Catalina: “Movilización y protesta legal en la crisis Argentina. El caso del ‘corralito’”, http://www.utdt.edu/departamentos/pol ... /pdfs/conf_100403_001.PDF
5 Ver Isunza Vera, Ernesto: “Accountability social y transversal en México”, http://www.utdt.edu/departamentos/pol ... /pdfs/conf_100403_004.PDF
6 Ver Fuentes, Claudio: “Policía violenta, ciudadanos pasivos. Las fallas del accountability social en Chile”, http://www.utdt.edu/departamentos/pol ... /pdfs/conf_100403_002.PDF
7 Ver Peruzzotti, Enrique: “Escándalos mediáticos y accountability social: evaluando el rol del escándalo en el caso del Senado Argentino”: http://www.utdt.edu/departamentos/pol ... /pdfs/conf_100403_005.PDF

* La autora es MIEMBRO de CIUDAD POLITICA y estudiante avanzada de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires.

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